Entraron en vigor medidas legislativas orientadas a mejorar la tutela de la privacidad y a combatir fraudes online. Las novedades afectan potencialmente a muchas sociedades que operan en actividades comerciales.
La normativa contempla también delitos como fraude informático con sustitución de identidad digital, falsificación de tarjetas de crédito y delitos relativos a la privacidad. Para algunas violaciones puede configurarse la responsabilidad de la sociedad, no solo la del directivo o empleado que cometió el acto.
Esto significa que una empresa puede sufrir consecuencias importantes si los datos de clientes se tratan de forma ilícita o si no existen modelos organizativos adecuados.
El objetivo es aumentar la confianza de los consumidores en los servicios online, limitando fraudes que frenan un sector en expansión. Para las empresas, la lección es clara: seguridad informática, privacidad y organización interna deben tratarse como partes del mismo problema.
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